Una buza que sufrió un grave accidente, a juicio contra la Autoridad Portuaria
Se llama Belia Fernández y trabajaba de buzo profesional en la capital grancanaria para la empresa Tems Maritime Works, cuando el día 28 de noviembre de 2015 sufrió un grave accidente en el muelle León y Castillo que le produjo una enfermedad por descompresión. Todo debido a una «negligencia brutal tanto de la empresa en la que trabajaba como de la Autoridad Portuaria que no cumplió con su responsabilidad. Me destrozaron la vida», sostiene. Hoy martes irá a juicio en el Juzgado de lo Social número 5 de la capital grancanaria contra el organismo portuario al que considera responsable solidario y que debe de abonarle el recargo de prestaciones que le correspondería a la empresa, pero que no ha percibido ya que se declararon insolventes.
Los hechos se remontan a ese mes de noviembre de 2015, cuando la buza Belia Fernández afrontó un trabajo muy complicado como era la reflotación de un buque hundido entre los norays 44-47 del muelle León y Castillo poniente del Puerto de Las Palmas. En concreto se trataba del pesquero Ceres II, que se fue a pique el 11 de mayo de 2.007.
Esta misión fue adjudicada a la empresa Tems Maritime Works, donde trabajaba Belia, y se iba a llevar a cabo después de que Capitanía Marítima de las Palmas realizara un informe el 14 de mayo de 2007 recomendando su reflotamiento ya que dicho buque suponía un peligro para la navegación, además de que su extracción era fundamental para el aumento de calado y operatividad del muelle. A raíz de ese documento, Tems redactó el ‘Plan de Seguridad y Salud’ de la obra, que fue aprobado por la Autoridad Portuaria el 18 de diciembre de 2014.
El plan de seguridad incluía «errores graves que impidieron la detección de riesgos y su correcta evaluación, permitiendo una desastrosa planificación preventiva»
Dicho documento fue redactado por el administrador de Tems, Jorge de la P.G., quien a la trabajadora accidentada no le constaba que dispusiera de la titulación adecuada para redactarlo ya que el real Decreto determinaba que requería «titulación universitaria y formación especial que no consta acreditada», sostuvo.
Por este motivo, alega la denunciante, existió un «elemento generador de responsabilidad para la Autoridad Portuaria» al no asegurarse esta entidad «de que el redactor de dicho plan dispusiera de la cualificación legalmente requerida y, en todo caso, por no haber llevado a cabo las labores de control y admitir un Plan de Seguridad y Salud que contenía […] errores importantes», añade el documento. Este documento era «insuficiente para la realización de los trabajos submarinos realizados» e incluía «errores graves que impidieron la detección de riesgos y su correcta evaluación, permitiendo con ello que una desastrosa planificación preventiva» derivó en el accidente. La misma fue constatada por la Inspección de Trabajo mediante un acta de infracción, ratificada por la Dirección General de Trabajo y avalada por el Juzgado de lo Social que tramitó la demanda por incapacidad ganada por la buzo.
Queda pendiente la vía penal en la que la Fiscalía acusa a los dos responsables de la empresa por delitos contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con lesiones por imprudencia grave
El accidente ocurrió cuando el cálculo de la inmersión realizado por el investigado Jorge de la P. G. -el dueño de la empresa- no era el correcto. El primer día de trabajo fue un martes y estuvo guiada por el otro investigado Javier Alberto T.G. -jefe de equipo-. Realizó la inmersión y cuando salió del agua se encontró mal, por lo que no fue a trabajar hasta el viernes que volvió al agua con el «mismo perfil de inmersión» para descansar el fin de semana. El lunes hizo la tercera inmersión y, al acabar, se dio cuenta que temía unas manchas en la barriga típicas de enfermedad descompresiva.Activó al 112 y hasta las 23.00 horas no entró en la cámara hiperbárica. El trabajo que realizó consistía en cortar el barco con oxígeno y propano e ir sacándolo en pedazos en unas inmersiones que duraban hora y media.
A raíz del accidente, Belia sostiene que fue «el enemigo de la empresa desde el minuto 1. Era una buena buceadora hasta que sufrí el accidente. Incluso, a los dos meses y cuando había pedido a mi jefe un médico hiperbárico, me echó estando de baja médica», recuerda . «Tenía vértigos, mareos, falta de visión, falta de fuerzas en el lado de izquierdo… Ya a los seis meses, cuando me enviaron a un otorrino, encontraron mi problema que era una lesión vestibular del oído izquierdo, además de secuelas neurológicas», narra.
A Belia le dieron la incapacidad absoluta ya que no puede «volver a bucear que era mi trabajo y sigo con secuelas de por vida. ¿Qué será de mí cuando sea mayor y tenga deterioro neurológico?», se pregunta.
Hoy irá a la Ciudad de la Justicia, pero aún queda pendiente la vista por la vía penal en la que el juez ha transformado la causa para que la Fiscalía formule acusación contra los dos responsables de la empresa por delitos contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con lesiones por imprudencia grave.
