Se sobrevaloran las metas productivas y se ignoran las secuelas ambientales

Desmontes indiscriminados para extender la frontera agropecuaria, un monocultivo que ha obrado de salvataje financiero durante años, el agotamiento de la tierra, inundaciones, desastres naturales, pueblos enteros fumigados con glifosato y otros herbicidas e insecticidas, la semilla de soja transgénica extendiéndose por más del 60% de la superficie cultivada del país, muertes por cáncer y leucemia en pueblos rurales, expulsión de campesinos y originarios, fumigaciones prácticamente sobre la gente y los niños en las escuelas, graves daños en el ecosistema. Apenas una síntesis de 20 años de soja transgénica y Round Up (el glifosato de Monsanto) en el país. Hace pocos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró tóxico para los seres humanos y «potencialmente cancerígeno». Sin embargo, admite el doctor en Antropología Social y magister en Gestión Ambiental Marcelo Sarlingo, nada cambiará en el corto plazo, si el sistema productivo sigue siendo fundamentalmente extractivista y subordinado a las grandes multinacionales semilleras.

-¿Qué puede implicar en lo concreto que la Organización Mundial de la Salud valide aquello que científicos demonizados como Andrés Carrasco sostuvieron desde hace más de siete años?

-En concreto sólo implica contar con más argumentos científicos de peso para avanzar hacia algún tipo de medidas regulatorias. Pero no mucho más. El cambio de clasificación de la OMS es útil si hay movimientos sociales e instituciones con capacidad política real para incidir en el campo de las tecnologías y de los procesos productivos regionales. Es decir, en varios sentidos el reconocimiento que la OMS realiza acerca de la toxicidad del glifosato es otro paso para afirmar lo que ya está demostrado regionalmente. Porque no existían casi dudas científicas sobre la peligrosidad del glifosato y sobre que su uso entraña riesgo, lo que falta es el reconocimiento del grado de peligrosidad real. Y lo que reconoce y confirma la OMS es que el compuesto químico es más peligroso que lo que afirman los fabricantes, los comercializadores y los publicistas. Se sabe que el glifosato contribuye a la gigantesca epidemia global de enfermedades crónicas, pero lo que no hay actualmente son actores sociales que tengan una capacidad política necesaria como para que la industria química reconozca esto y en primer lugar deje de perseguir a científicos, ecologistas, activistas y comunicadores. Es decir, que deje de matar al mensajero y se pase a otro modelo de producción con un menor impacto ambiental y cualitativamente diferente.

-¿Cómo se achica la brecha entre lo que estima una organización mundial como la OMS y lo que determina el poder económico trasnacional de la mano de Monsanto entre otras?

-Para pensar en achicar la brecha hay que ver cómo son las estructuras sociales en las que se anclan los procesos productivos regionales. Es decir, cómo son los productores agrícolas, los sectores industriales, los consumidores, los estamentos que tienen el saber técnico, los decisores políticos. Las organizaciones de consumidores. Y por supuesto, cómo son las estructuras estatales que tienen los países, sus tradiciones políticas, sus culturas dirigenciales. Todas las trasnacionales, no sólo Monsanto o las semilleras, entran a los mercados regionales no sólo con poder económico y dinero, también actúan políticamente, trazan estrategias para subordinar a los poderes locales y frecuentemente utilizan estrategias judiciales para lograr sus objetivos, entre los cuales se cuenta especialmente debilitar las regulaciones de salud pública. Muchas veces es la cultura de las clases dirigentes la que facilita o dificulta que las multinacionales hagan lo que quieran. Pensemos que la liberación de Organismos Genéticamente Modificados en la agricultura argentina se dio con gran velocidad, ya que a partir de 1994 se liberaron por centenas. Se aprobaba la comercialización de OGM sólo con los datos que estaban en las carpetas que presentaban las empresas, sin ir a observar la realidad. Pero esto era posible porque en esos años el Estado estaba siendo destruido, desguazado y vaciado mediante las políticas neo-liberales.

-¿Hay alguna posibilidad de que en la Argentina se prohíba o al menos se controle férreamente el uso del glifosato y de otros herbicidas e insecticidas, cuando los commodities fueron los responsables de la bonanza económica de la última década?

-No veo ninguna posibilidad a corto plazo. No hay voluntad política para cambiar el modelo de producción, los mecanismos estatales que podrían generar cambios han sido superados políticamente, y muchos estamentos científicos están subordinados a los intereses corporativos, a veces involuntariamente y otras veces porque dependen económicamente de aportes privados interesados en el actual modelo de producción agrícola. Y además, las multinacionales les transfieren a los productores toda la responsabilidad de la contaminación, a través de los manuales de «buenas prácticas». Pero el problema de fondo es otro: las metas actuales de la política económica son solamente productivistas, casi suicidas en términos de conservación de la base ecológica del territorio nacional. Yo te aseguro que el problema de los venenos en los ecosistemas se conoce, de hecho en enero del año 2009 Cristina Fernández de Kirchner creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos. En esta comisión había muchos científicos de Conicet, de INTA y de otros organismos de prestigio. Unos meses más tarde se produjo un informe de más de cien páginas que admitía la necesidad de profundizar estudios, admitía el riesgo, pero también citaba abundantemente trabajos patrocinados por Monsanto para demostrar que el glifosato era inocuo. Y esto desacreditó profundamente el resultado de esa comisión. Pero el problema de fondo es que me parece que Argentina es totalmente dependiente de un esquema de producción extractivista cuyas consecuencias ecológicas en lo cotidiano y en el futuro de las personas pueden ser desesperanzadoras si no tenemos capacidad de encontrar otra modalidad de articulación al mundo.

-¿Cómo analizás los desmontes y el corrimiento de la frontera agropecuaria en beneficio de la siembra de soja en más del 60% de la superficie cultivada, en coexistencia con inundaciones cada vez más frecuentes?

-Está relacionado con lo que hablábamos. En función de la inserción de la economía nacional en el actual contexto internacional, se sobrevaloran las metas productivas y se opta por ignorar las consecuencias socioambientales. Porque parece, en un principio, que sólo los pobres, los que andan a pie o los que viven sin servicios son los que pagan los costos del modelo. Pero cuando se desestructura un ecosistema, como los cambios son irreversibles, se ve que toda la sociedad es impactada. Y sobre todo, las generaciones futuras. Los ricos pueden protegerse de otras formas, pero eso no quiere decir que sean invulnerables, todo lo contrario. En relación cons aumentos de enfermedades crónicas y procesos de teratogénesis (alteración o malformación en el embrión) en niños y el aumento de cáncer en la población rural, este fenómeno ya está totalmente demostrado que se origina en las modalidades productivas que utilizan intensamente venenos químicos, y no sólo en los cultivos de soja, sino también en otros cultivos regionales o estacionales como el té o el tabaco, donde las formas de contratación son semifeudales.

-El tema prácticamente no existe en la agenda de los grandes medios ni en la de las principales dirigencias…

-Me parece bastante tonta la manera en que se decidió ignorar a sectores completos, como los movimientos que denunciaban realidades locales y que luego se agruparon en lo que se llama «Pueblos Fumigados». Hasta que esta problemática no se articule realmente como una cuestión de derechos humanos y exista una política real para trabajar con las consecuencias socioambientales de la producción agrícola, todo lo demás son promesas o discursos vacíos.

-En Olavarría, como en la mayoría de las ciudades con algún perfil agroganadero, el tema no existe, al menos en forma pública. ¿Qué datos conocés sobre fumigaciones, distancias, afectación sobre poblaciones y/o escuelas rurales?

-Datos reales y serios sobre Olavarría y sus espacios periurbanos no tengo, nunca pude construir un buen análisis. Pero el glifosato, a nivel local, sé que se vende muchísimo, e inclusive se usa frecuentemente en la producción hortícola en viveros y en jardinería, cuidado de plazas y espacios públicos, etc. Es que es un compuesto muy barato. A treinta metros de mi casa hubo un vivero, hace unos años, que producía plantas aromáticas. Les echaban muchísimo glifosato, y los aplicadores creían que no tenía ningún efecto residual. Pero, además, el glifosato no es lo único que se usa, ya que se comercializan otros agroquímicos, como el endosulfán, que hace cuarenta años que lo prohibió el Convenio de Estocolmo. La percepción del problema es pobre, y mucha gente con capacitación técnica relativiza efectos o directamente los desconoce, ya que estos temas se trabajan poco en la facultad. Los médicos desconocen conceptos básicos como la «carga química corporal» y por estas zonas hay un retraso en materia de formación en salud ambiental, y falta de experiencias en materia de epidemiología ambiental. A nivel municipal se estimuló la noción de «Buenas prácticas», lo que significa que es el usuario el que debe protegerse, lo que solamente es mirar un costado de la problemática. Lo que es inocultable es que los ejecutivos de Monsanto no son los que se enferman por los efectos de los venenos. Sí los trabajadores y los técnicos, algunos productores, los aviadores, etc.. Y obviamente, muchísimos consumidores.

-¿Qué implica que, hace dos meses, Cristina haya festejado en un discurso en cadena nacional la producción en la Argentina de potasa cáustica, insumo fundamental para el glifosato?

-La potasa es el insumo estratégico de la agricultura moderna: si se termina desaparece el 90 % de la producción de alimentos a escala global. Es un insumo estratégico para este tipo de sociedades, te diría que casi, casi, al nivel del petróleo. Las mayores reservas de potasa están en el norte de Africa, zona que siempre está en convulsiones y fue hegemonizada por las potencias europeas como Francia, Italia, Gran Bretaña. Yo creo que lo festeja por esta razón, porque de repente Argentina se apropió y puede producir un insumo clave para la modernidad, mientras que hace un tiempo la principal concesión de potasa la poseía una multinacional minera con una historia negra, la compañía Vale do Rio Doce. No se me ocurre otra razón para festejar, aunque en términos de geopolítica agrícola es un logro interesante.

La ruta de la semilla

-En los segundos años setenta -plena dictadura-, comenzó a crecer el cultivo de soja en la Argentina.

-En 1996 el ingeniero agrónomo Felipe Solá, ministro de Agricultura, Ganadería y etcéteras de Carlos Saúl Menem, libera al mercado la semilla de soja transgénica. La soja se transformó en uno de los principales productos de exportación.

-La produjo Monsanto que, a su vez, comercializaba el glifosato, el herbicida al que debía resistir la soja. Para eso su modificación genética.

-Las ganancias siderales se escondían bajo un objetivo benéfico: los cereales se cultivan para combatir el hambre. En plena crisis de 2001-2002 los comedores sociales se llenaron de bolsas de soja que aportaban los productores para que comiera la gente sumida en una pobreza desesperante.

-La falacia de la semilla convenció a demasiados. Fue el doctor Darío Gianfelici quien en los primeros años dos mil, desde la zona rural de Paraná, comenzó a ver que sus pacientes enfermaban distinto. Y que los niños tenían extraños problemas hormonales.

-La soja acapara más del 60% de la superficie cultivada del país. En desmedro de la ganadería y de los cultivos tradicionales. Su presencia necesitó de la expulsión de campesinos y medianos y pequeños productores, desmontes y agotamiento de suelos, inundaciones y desastres naturales. Pero también necesitó de la fumigación ilimitada, lo que generó graves enfermedades y daños irreversibles en el ecosistema.

-El científico Andrés Carrasco denunció en 2009 la toxicidad del glifosato en los seres humanos. Fue demonizado por el Gobierno Nacional, el Conicet y el poder económico. Hace pocos días, la OMS admitió que el glifosato es «potencialmente cancerígeno».

-Se vendieron 1,3 millones de litros de glifosato en 1991. 8,2 en 1995. Más de 30 millones en 1997. En 2008 se utilizaban ente 160 y 180 millones de litros. Actualmente, supera los 300 millones.

-La producción de soja pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 10,8 millones en 1990/91 y a 35 millones en 2002/03. En 2014 llegó a los 55 millones de toneladas.

Por: Silvana Melo
El Popular