Riachuelo: a nueve años del fallo de la Corte para limpiarlo, sigue contaminado
Hace nueve años, la Corte Suprema dictó un fallo histórico: condenó al Estado nacional y a los Gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires a limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, el Cuerpo Colegiado que supervisa el saneamiento denuncia que, a pesar del paso del tiempo, el curso de agua sigue contaminado y hay fallas en el control sobre los establecimientos industriales y los basurales a cielo abierto.
«Las regulaciones adoptadas por ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) deberían haber reducido la contaminación, pero no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen», señalan en un comunicado conjunto la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos por La Boca, que integran el Cuerpo Colegiado.
Las ONG aseguran que ACUMAR no obtuvo resultados en materia de control de la contaminación industrial. Y que, si bien ese organismo informa que el 45% de las industrias declaradas como agentes contaminantes ya han sido reconvertidas, no hubo una mejora en la calidad del agua o del aire. Porque, según el Cuerpo, continúan vertiéndose en la cuenca más de mil toneladas anuales de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos.
Uno de los motivos, explican, es que como las normativas de vertidos son laxas, aun cuando se cumplan el Riachuelo seguirá contaminado y no mejorará la calidad de vida de la población de la cuenca. «La nueva resolución adoptada por ACUMAR (N° 46/2017) permite verter en el agua sustancias como aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, heptacloro, lindano y paration, todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a la cual nuestro país ha adherido», revelan.
En cuanto a los basurales a cielo abierto, el comunicado toma datos de ACUMAR, que relevó la existencia de 390 y calculó que en ellos se acumulan 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos. Pero las ONG aseguran que, aunque el organismo intervino para remover 267 de ellos, los informes de auditoría interna mencionan que el 57% volvieron a convertirse en basurales.
«La gestión de la cuenca se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo -subraya Andrés Nápoli, de la FARN-. Todos los aspectos reseñados por el Cuerpo Colegiado muestran falencias estructurales, a las cuales se suma un continuo escenario de inestabilidad en materia de conducción institucional».
Los cuestionamientos también alcanzan al aspecto social de la problemática de la cuenca. «En 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, que prevé 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo. Sólo el 35% de los hogares han sido relocalizados«, dice el informe.
Las ONG afirman que tras casi una década no se identificó de manera específica a la población en riesgo ni se generaron «capacidades para evaluar la situación de salud ambiental». Y que tampoco se articuló una intervención de ACUMAR para reducir la exposición a la contaminación de las poblaciones más vulnerables.
Además, el Cuerpo Colegiado acusa a ACUMAR de no cumplir con la obligación de ofrecer un sistema de información pública actualizada y dice que la mayoría de los datos publicados en su sitio de Internet no se renuevan desde 2014.
Clarín