La dignidad laboral de los técnicos de sonido
Soy de los que sabe (y piensa) que nuestro sector es de los pocos que, justificadamente, no tiene cabida en cualquiera de los actuales convenios laborales, lo que no quiere decir que debamos tener un convenio laboral específico; de hecho, incluso lo exigiría (y en ello estamos). Nuestro trabajo implica mucho más que un simple título de “técnico de sonido”, en cuanto la mayoría de nosotros podemos empezar la jornada laboral a varios km del evento en cuestión, empezando la jornada cargando un camión, conduciendo, llegando al sitio, montando un equipo durante varias horas, realizando ajustes, luego pruebas de sonido, el concierto o evento en sí y vuelta atrás: desmontaje, carga, traslado y, finalmente, descarga del camión. Jornadas que pueden ser desde 12 a 20 h o más, sin descansos ‘legales’ y en condiciones algo duras, a veces paupérrimas. Aplicar aquí la jornada de 8 h estándar parece absurdo y, si así lo quisiéramos, antes deberíamos concienciar a nuestros clientes que ante todo somos personas y que esas jornadas que él disfruta y nosotros no, tienen un precio que en la mayoría de casos no quieren soportar. No es que no quieran, es que simplemente desprecian pagar por algo que no saben valorar. Esto último es nuestra culpa, pero no el motivo de estas líneas.
Si hay un “cliente” especial es, sin duda, la administración pública, básicamente ayuntamientos. Un cliente que además de contratarte suele imponer normas laborales a sus trabajadores y ajenos. Así, hoy en día es difícil que una empresa de sonorización pueda ofrecer sus servicios a esta administración local no sin antes estar al corriente de pago a Hacienda y Seguridad Social, tener todos sus trabajadores dados correctamente de alta, etc. En aras de la objetividad, suelen escoger sus proveedores a base de concursos, excusa perfecta para parecer ajenos a las barbaridades laborales de los trabajadores que acaba contratando. En caso de que contrate autónomos, estos deberán aportar el último recibo de la seguridad social, el certificado de estar al corriente de pagos con el resto de administraciones, el curso de riesgos laborales y hasta incluso el certificado médico correspondiente. Centrémonos en el “curso de riesgos laborales”. Quien lo tenga y sea técnico de sonido seguro que habrá sonreído más de una vez al darse cuenta de las obligaciones a las que está sometido por el simple hecho de trabajar aunque de imposible aplicación en nuestro sector. No entraré tampoco en detalles.
Lo curioso es darse cuenta de las exigencias burocráticas y legales a los que nos somete este cliente, el de la administración, a la par que —perdonen el lenguaje soez— le suda enormemente cumplir con sus propias obligaciones. No sólo me refiero al hecho que se salta a la torera la Ley 15/2010 contra la morosidad que les obliga a pagar a un máximo de 30 días, sino a algo tan humano y laboral como el que se refiere a salud y seguridad.
Ejemplo de ello lo tuve este mismo fin de semana trabajando para una empresa de sonorización, siendo el cliente un ayuntamiento de una ciudad. Sólo por poder hacer este trabajo tuve que presentar todos los requisitos exigibles como autónomo, aunque esto no es problema. El evento era un acto organizado por una entidad cultural de un barrio al que el ayuntamiento le “ofreció gratuitamente” el uso de un espacio público (una cancha de frontón) y la infraestructura necesaria: un escenario, un par de centenares de sillas y una toma de corriente. La convocatoria por nuestra parte era llegar y tener el equipo montado a las 18:00 h, siendo el acto a las 20:00 hasta las 23:00 h. Luego el desmontaje y vuelta al almacén.
El espacio en sí tenía su hándicap. Aunque era una cancha de frontón (con esta oleada de calor, un horno inmenso), el acceso a ella era imposible: cuatro pivotes fijos impedían que el camión llegara a la boca del escenario. La descarga tuvo que hacerse cortando a lo bestia una calle transitada, arrastrando los equipos unos 80 m, 15 de ellos subiendo una rampa. El transportista nos daba prisa: no quería que le multasen (y con toda la razón). El escenario no es que fuese malo, es que simplemente era ilegal: ni homologación ni seguridad. Existe una normativa que, en este caso, estaba propugnada por la misma administración que hacía ilegal ese escenario… La toma de corriente estaba a 50 metros del escenario, lo que podía permitir a cualquier persona ajena a la organización o al equipo técnico realizar cualquier barbaridad y electrocutarse… ¿la culpa de?
Siendo un caluroso sábado, aún llevando nuestra propia agua, al poco estaba caliente. No digo que nos monten un bar, pero sí tener acceso a un mínimo de agua que en este caso ni se suponía. Ante la ausencia de seguridad, debía turnarme con mi compañero para poder visitar un bar cualquiera, refrescarse y, de paso, ir al baño. Aún siendo un acto que reunió a un par de centenares de personas, no vi ni un baño público abierto ni, aún menos, baño portátil alguno. Ni una sola valla de seguridad, ni tan siquiera la presencia de seguridad.
El ayuntamiento tuvo la certeza de modificar el alumbrado público de ese sábado para que entre las 21:00 y las 23:00 de la noche la cancha estuviera iluminada, permitiendo a todos los participantes moverse con libertad y seguridad por todo el espacio. A las 23:00 h, cuando terminó el evento, nos dejaron a oscuras. ¿Recuerdan esa norma que hemos tenido que aprender para aprobar un curso de riesgos laborales necesario para trabajar que impide hacerlo con una cantidad mínima de luz? Pues fue el propio ayuntamiento el quien nos negó este derecho, dejándonos a ciegas para desmontar el equipo y, peor aún, volver a cargarlo en un camión que tuvo que volver a cortar media calle y nos obligó a mover una tonelada de equipo otros 80 m.
Detrás de todo este desastre había un responsable, un funcionario cuya responsabilidad se pasó por sus bajos. Debía saber que el acceso era imposible y, por tanto, buscar una solución: o un espacio que sí permitiera llegar los transportes al punto de trabajo o contratar personal de carga y descarga. No me vale dejar la ayuda a la propia asociación: ¿es que ellos sí tienen hecho el curso de riesgos laborales, llevan EPIs adecuados y tienen seguro de responsabilidad civil? Igualmente, tendría que suponer que habría varios camiones (escenario, sillas y equipos) que tenían que descargar en ese espacio por lo que debería reservar espacio para ello y, a lo sumo, avisar a la autoridad competente (Policía Local) para que gestionase esos momentos. ¿Os imagináis ser atropellados durante estas tareas?
Alquilar un mínimo de baños públicos ya no sólo para los participantes al evento (el acto duró 3 horas), sino también para los trabajadores. Ordenar la instalación de un punto de corriente seguro en el escenario, que este esté homologado y ofrecer todos los recursos necesarios para que todo esté seguro, como mínimo, como el dichoso curso de riesgos laborales demanda y exige. Y no cumplió nada. Nada.
Otra vez, fuimos los técnicos los que arrimamos el hombro para el bien de una asociación que, en realidad, vivió ajena a todo ello. Su esfuerzo para también tirar adelante su acto fue motivo suficiente para nosotros para arremeter con todo. La ilusión de esa gente fue el agua que apagó el incendio de dicha administración… Pero algún día deberíamos decir “por aquí no”. El quid es saber cuándo. Seguramente mucho antes de cobrar este bolo…