Enfática defensa de ingenieros, arquitectos y agrimensores de sus incumbencias profesionales

La vigencia y aplicación del artículo 30 bis de la ley tarifaria provincial 2071 abrió la polémica y provocó la reacción inmediata de profesionales de la ingeniería, de la agrimensura y arquitectura; y, por otra parte, de autoridades de la División Bomberos del Chaco. “Debe primar el sentido común más allá de ciertos intereses y declaraciones rimbombantes”, pregonaron los profesionales vinculados con el sector de la construcción.

La cuestión que generó disidencias con los servidores públicos es la competencia en la aprobación de proyectos, habilitaciones, permisos, revalidaciones y certificaciones de sistemas de protección contra incendios y planes de evacuación de todo tipo de edificaciones.

“Pretendemos que la Municipalidad termine de asumir el rol de policía que le corresponde en el proceso de aprobación de nuevas construcciones, y que no lo delegue en los Bomberos, que no tienen la formación académica pertinente para la función”, dijeron ayer integrantes de entidades que agrupan a ingenieros, agrimensores y arquitectos de la provincia, quienes hicieron notar su preocupación y malestar por los dichos del encargado del Área Técnica de la División de Bomberos de la provincia.

Resaltaron que el “poder de policía” debe ser de la Municipalidad de Resistencia, a través de un departamento específico de Seguridad e Higiene que verifique y revise la documentación elevada por profesionales del medio que intervienen en construcciones de edificios. Hoy, por la norma vigente desde 2013, esa potestad quedó en manos de los bomberos.

A NORTE llegaron el ingeniero Luis Benítez, miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco, entidad ésta que preside el arquitecto Héctor Chaquires; el ingeniero Arturo Borfitz, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Unne; el ingeniero Raúl Canteros, presidente del Centro de Ingenieros del Chaco; y el agrimensor Carlos Diez, de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (Fepuch).

Juntos rechazaron los dichos del comisario Guillermo Enciso, de la División Bomberos de la provincia y defendieron el ejercicio profesional, sus incumbencias y responsabilidades civiles asumidas en el proyecto y la dirección de obra. “No se entiende por qué un profesional debe ir a someter su obra a la aprobación por una unidad de bomberos no formada para ello”, enfatizó Chaquires.

Explicaron que el dilema surgió con la reglamentación y comienzo de su aplicación- del artículo 30 bis de la ley 2071. A partir de la vigencia, iniciaron una serie de reuniones con la Cámara de Comercio de Resistencia, la municipalidad y finalmente diputados provinciales, ante quienes advirtieron que la norma en cuestión “conculcaba las incumbencias de los profesionales”.

Particularmente de las reuniones que mantuvieron se destaca aquella con los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto. “Entendieron nuestra situación y el planteo desde el punto de vista profesional. En palabras de la diputada Mirta Morel, están tratando de retrotraer la situación a antes de la ley”, comenzó Raúl Canteros. En ese orden, Carlos Diez puntualizó que además de ese “carril” de diálogo con la Legislatura, también existen gestiones con el gobierno comunal.

La preocupación

Ante NORTE, explicaron que la preocupación surgió de la sanción de la norma cuestionada, votada por los legisladores chaqueños. “Afecta nuestra incumbencia profesional porque pone al departamento técnico de la División Bomberos a revisar proyecto y aprobación de los profesionales”, indicó el ingeniero Canteros, quien aseguró que la “formación operativa” de los bomberos los hace inhábiles para entender en la función asignada por la ley. “Ellos tampoco asumen la responsabilidad civil y penal que sí asumen los profesionales”, acotó Héctor Chaquires.

Según recordó, los pasos para implementar el artículo cuestionado se aceleraron tras el incendio en la sede central del Nuevo Banco del Chaco, a fines de 2012. “Se apuraron a ver cómo armaban un sistema que pudiera sostener esto e incluyeron a los bomberos sin consultarnos a las entidades responsables”, indicó, al tiempo que advirtió que “los edificios públicos tienen ciertas falencias en seguridad”.

Para Luis Benítez, “la municipalidad no se hizo cargo de la revisión porque no quiso poner personal profesional. Entonces, delegaron en Bomberos que a la primera mirada son los que más entienden de incendios”, sostuvo, aunque dejó claro que estos efectivos “entienden de apagar incendios y no del diseño de los sistemas de protección y mucho menos de la corrección de ese diseño”.

En materia normativa, el ingeniero Canteros dio cuenta de la ley nacional 19.587 de 1979, que establece el peritaje profesional, por ejemplo, en caso de un incendio, en el que deben intervenir especialistas en estructuras, es decir, ingenieros que determinen las condiciones de su ulterior utilización. “Bomberos siempre respetó esa norma y siempre nos llaman después de un incendio ya que no poseen la capacidad suficiente para opinar. Antes siempre trabajamos en conjunto. Ahora hay que pagar y ellos nos aprueban nuestros proyectos”, sintetizó.

En ese orden, señalaron que los bomberos “no tienen formación académica, como institución”, más allá de los profesionales que puedan incorporarse a la fuerza provincial. Así, se expresaron a favor de realizar junto con Bomberos “la revisión final de las instalaciones”.

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Ingenieros, arquitectos y agrimensores de varias entidades en visita a NORTE rechazaron las facultades asignadas a los bomberos en el control de los sistemas de seguridad de edificios.

“Deseamos que se capaciten y se equipen mejor”, acotó el ingeniero Benítez.

Al respecto, el ingeniero Borfitz abundó sobre el eje central de la discusión, que son las incumbencias profesionales, establecidas en ámbitos académicos donde se dictan las carreras universitarias. “Hay que salir del camino que está planteado como una puja entre la corporación y la gente sensata que sabe hacer las cosas, y no es así. Aquí hay una cuestión escrita y además el responsable legal es el profesional. Yo no vi que ningún bombero vaya preso”, enfatizó.

“Es una falacia total y una falta de respeto lo que dice el comisario Enciso respecto de que los profesionales nunca se preocuparon por la seguridad”, subrayó, y aseguró que ese aspecto -la seguridad- “ya está entre las incumbencias profesionales” de este grupo de especialistas.

Con vehemencia, Diez recordó que los profesionales formados en las facultades de Ingeniería y de Arquitectura de la Unne “son los que construyeron en esta ciudad”. De ahí que expresó su malestar porque “un bombero viene a faltarles el respeto”.

Fuente: www.diarionorte.com

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