El Riachuelo luce más «limpio», pero sigue igual de contaminado

A seis años de que se ordenara su saneamiento, contiene casi los mismos niveles de metales pesados y de materia orgánica por efecto de los efluentes industriales y cloacales; hay varias obras atrasadas.

El  río circula con mayor velocidad, tiene menos olor y luce mucho mejor. Sin embargo, a pesar de estos avances, los contaminantes industriales y cloacales siguen afectando el Riachuelo casi en los mismos niveles que cuando comenzó a instrumentarse el plan de saneamiento, hace seis años.

El cadmio, el plomo, el cinc y el cromo continúan presentes en el agua y en el lecho de este río interjurisdiccional, que olvidó hace más de un siglo qué es el oxígeno. Los ambientalistas reconocen esta realidad y sostienen que un cambio comenzará a notarse cuando se concrete la obra del colector cloacal de la margen izquierda, que conducirá los líquidos cloacales al Río de la Plata. Aunque también indican que si la obra no va de la mano de un control industrial no servirá de mucho esta inversión, que supera los 840 millones de dólares.

«La extracción de la basura y de los cascos de barcos hundidos por supuesto que mejora la posibilidad de la escorrentía del agua, en un río que circula entre 2 m3 y 8 m3 por segundo. Pero eso es una etapa inicial. No va a mejorar la calidad del agua por sí misma», indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que conforman el cuerpo colegiado que controla el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el río.

«Hay obras, como la del colector, que siguen demoradas, y nos consta que el sistema de control industrial ha decaído notablemente. Incluso los planes de reconversión de las empresas, que figuran en el sitio de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), están en su mayoría vencidos y no han sido renovados», agregó el director ejecutivo de la FARN.

Un informe realizado por Greenpeace sobre calidad de agua da cuenta de la poca mejoría. Según ese trabajo, de los 38 puntos de monitoreo 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de los puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta, y sólo tres sitios pasaron de alta a media. Los contaminantes que se midieron son los industriales, es decir, presencia de metales como cadmio, cromo, zinc y mercurio.

La Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la ciudad también hace mediciones periódicas. A las de calidad del agua sumó hace un año y medio la de caudal para determinar la cantidad de contaminantes que soporta el curso de agua (carga másica).

«Deberíamos estar mucho más adelantados. La mejoría actual obedece a una mejoría que tiene que ver con la escorrentía del río, por el enorme trabajo que se realiza con la recolección de residuos y la limpieza de márgenes. Hay una recuperación del entorno y se nota y se puede ver una fauna más presente en el lugar. Esto lo que demuestra es que la recomposición es algo que se puede hacer», indicó Juan Carlos Villalonga, presidente de la APRA.

Sin embargo, reconoció que todavía falta que la Acumar coloque un horizonte temporal para poder observar cambios en la calidad del cuerpo de agua. «En términos de tiempo, la sentencia de la Corte tuvo excesivo voluntarismo, pero no es el máximo tribunal el que lo tiene que hacer, se tiene que realizar en el marco de la Acumar», agregó el funcionario.

La Corte había establecido plazos, algunos de los cuales ya están más que vencidos, especialmente para la mudanza de vecinos que vivían en las orillas. Por el momento, se han relocalizado poco más de 500 familias de las 17.000 que debían instalarse en otros lugares en toda la cuenca.

Respecto de la obra del colector, cuyo financiamiento es otorgado por el Banco Mundial, aseguran las fuentes consultadas que su inicio sería inminente. La construcción del colector, de 11,5 kilómetros, fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado bajo el eje de la avenida Juan B. Justo.

Luego de ser tratados en una planta depuradora, los líquidos llegarán al Río de la Plata por un emisario subfluvial, que tendrá 3,8 metros de diámetro y estará a 30 metros de profundidad. Esta obra fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La construcción debería estar lista en 2019; sin embargo, se calcula un plazo de ejecución de cinco años. Es decir que si empezara hoy la fecha ya sería 2020.

Pero no sería suficiente. «Para mejorar el control de los orgánicos, la obra va a ser un aliciente, pero lo que tiene que ver con un control de los volcados industriales en la medida en que no se reordene el territorio no se va a mejorar», dijo Nápoli.

El ambientalista se refiere a la reformulación de la normativa respecto de los valores de los efluentes que se tiran al río y a la cantidad de contaminantes que soporta. Si bien el análisis sobre el volumen de contaminantes que tolera el Riachuelo está en poder de la Acumar, por el momento no se contempla ningún plan que lo incluya.

LA CAUSA, DE LOS VECINOS A LA CORTE

Demanda

En julio de 2004, un grupo de vecinos bonaerenses y porteños, encabezados por Beatriz Mendoza, demandaron al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas reclamando daños y perjuicios sufridos en consecuencia a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. También solicitaron la recomposición del ambiente

Sentencia

En abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) la recomposición ambiental, mediante un programa de políticas públicas concretas en materia ambiental, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes

Ejecución del fallo

La Corte delegó el proceso de ejecución en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes. Le otorgó competencia exclusiva en la revisión judicial de los incumplimientos y la fijación de multas

Control ciudadano

La Corte estableció un sistema de participación ciudadana en el control del cumplimiento de la sentencia, por medio de un cuerpo colegiado que integran representantes de las ONG que actuaron como terceros, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación.


Laura Rocha
La Nación

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