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Desastre Ambiental: Mauricio Le Reclama A Japón 28 Millones De Euros Por El Derrame De Crudo En Sus Costas

Es por el vertido de petróleo tras el siniestro del buque nipón Wakashio en julio pasado

El Gobierno de Mauricio le exigió a Japón una indemnización de casi 28 millones de euros por las consecuencias económicas y ecológicas que supone el derrame de petróleo ocurrido en julio tras el siniestro del buque nipón Wakashio.

Las autoridades del país africano estimaron que la construcción de un centenar de nuevas embarcaciones para que sus pescadores puedan faenar en mar abierto requerirá una inversión de unos 25 millones de euros, además de otra suma de 205.000 euros para capacitar a estos trabajadores.

Según la agencia de noticias japonesa Kyodo News, Mauricio también le informó a Japón que son necesarios otros 2,8 millones de euros para las obras de renovación del Centro de Investigación Pesquera de Albion, construido en la década de 1980 con la ayuda del país asiático.

“Es cierto que actualmente estamos recibiendo varias solicitudes. Japón está trabajando para hacer rápidamente todo lo que pueda”, manifestó un funcionario de la Embajada de Japón en Mauricio.

El buque Wakashio encalló el pasado 25 de julio y vertió 1.000 de las 4.000 toneladas de crudo que transportaba. La embarcación se quebró por la mitad y la parte más grande se hundió la semana pasada, aunque su propietaria, la firma Nagashiki Shipping ya anunció el mes pasado que había extraído casi la totalidad de las 3.000 toneladas de petróleo que quedaban en el barco.

La naviera japonesa y el Gobierno mauritano están siendo presionados para dar explicaciones por la presencia de un buque peligroso tan cerca de la costa y por qué no se hizo nada días después del accidente.

El capitán del barco, de nacionalidad india, y otro responsable, de Sri Lanka, fueron detenidos la semana pasada en Port Louis y acusados de poner en peligro la navegación.

Al menos 39 delfines muertos llegaron en los últimos días a las costas de Mauricio y los grupos ecologistas temen que tengan que ver con el vertido, aunque el Gobierno lo niega.

Clarín

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