Denunciaron por homicidio a una firma de agroquímicos que no protegió a un ingeniero
Hace 10 años, el ingeniero agrónomo Cristian Perno empezó a trabajar en una multinacional dedicada a la comercialización y distribución de agroquímicos. Su función era hacer repartos y recorrer campos recién fumigados para comprobar que los productos se hubieran aplicado en forma correcta. Pero murió a los 37 años, en 2012, de un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea.
Poco después, su familia inició una demanda civil que aún se encuentra en trámite contra la firma para la que trabajaba al entender que la enfermedad fue generada por los agroquímicos con los que estuvo en contacto. En mayo decidió interponer también acciones penales por homicidio culposo al considerar que la empresa no proporcionó los elementos de seguridad necesarios para resguardar la salud del hombre. La semana pasada solicitaron convertirse en querellantes.
“La manipulación de químicos se habría realizado sin los elementos de seguridad necesarios para la actividad y bajo órdenes directas del personal de la empresa”, dice un fragmento de la solicitud de constitución de querellante presentada por Mariana S., la viuda de Perno, representada por el abogado Aldo Bilbao Benítez que reprodujo el Diario La Capital de Rosario.
La causa penal se inició el 22 de mayo pasado, después de que el letrado presentara una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación al entender que la muerte de Perno fue un homicidio culposo. Recayó en el fiscal Walter Jurado. Bilbao Benítez solicitó, además, constituirse como querellante.
En julio de 2007 Cristian Perno tenía 32 años y empezó a trabajar como dependiente en Agroservicios Pampeanos SA (ASP), una empresa dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos que pertenece al grupo canadiense Agrium. En Rosario, sus oficinas están en bulevar Argentino 7879, en Fisherton. De acuerdo con la denuncia penal y con la causa civil que tramita en el Juzgado Laboral Nº 7 desde 2012, a poco de ingresar en la empresa Perno fue trasladado a Estación La California, cerca de la localidad santafesina de Las Rosas. Le dieron el cargo de jefe zonal técnico y una camioneta con la que iba a distintos campos para entregar agroquímicos —como glifosato— que a veces le hacían guardar en su casa durante la noche; asesoraba a los productores y recorría campos recién fumigados para comprobar los efectos de la aplicación de los productos.
“Jamás la empleadora proveyó ropa de trabajo adecuada y elementos de seguridad para proteger su salud (barbijos, guantes, ropa especial), atento el manejo y contacto directo —durante muchas horas al día— con los productos”, dice la presentación penal.
Según la causa, en mayo de 2010 fue ascendido a gerente y trasladado a Villa María, Córdoba. El trabajo de recorrer los campos disminuyó y pasaba más tiempo dentro de la oficina, a metros de depósitos de agroquímicos. En agosto de ese año comenzó a presentar problemas de salud y luego de estudios se le diagnosticó “mielodisplasia severa con mielosis megariocítica y aumento de blastos”. Se trata de un tipo de cáncer que afecta la médula ósea.
Con ese cuadro, la empresa volvió a trasladarlo a Rosario, adonde comenzó un tratamiento médico que incluyó un trasplante de médula. El 12 de noviembre de 2012, Perno falleció a causa de su afección.
Homicidio
Para Bilbao Benítez, la muerte del ingeniero agrónomo fue un homicidio culposo, y eso es lo que originó la denuncia penal que está en manos de Walter Jurado. El fiscal solicitó al Juzgado Laboral de la 7ª Nominación las actuaciones para evaluar posibles medidas a tomar. Desde el Ministerio Público de la Acusación consideraron que los cinco años transcurridos desde la muerte hasta la denuncia dificultan recolectar nueva evidencia.
“Existe un nexo causal entre la enfermedad y la orden de alguien de la empresa para que Perno trabajara de ese modo, sin protección”, sostuvo Bilbao Benítez, quien detalló que la firma sólo le proporcionó una remera y unos guantes de mota.
Para el letrado, de la investigación penal tiene que surgir quién o quiénes dieron la orden de que se trabajara de ese modo, sin tener en cuenta la salud de la víctima. “Es necesario que se investigue para que ésto no le ocurra a otras personas”, consideró. El profesional trabajaba para una empresa que comercializaba fertilizantes, semillas y agroquímicos, y asesoraba a los productores.
Autora: Lucía Demarchi / La Capital
