Crítico informe de la Auditoría General de la Nación a la política ambiental del Gobierno

«Hay escasa voluntad política de aplicar leyes ambientales en la Argentina, situación que se traduce en falta de reglamentación, bajo presupuesto e inexistencia de planes y programas orientados a su cumplimiento.» Así comienzan las conclusiones de un detallado trabajo que presentó, ayer, Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que se describen los hallazgos y recomendaciones que el organismo de control hizo en los últimos doce años.
Así, en cualquiera de las áreas que se analice los resultados de los programas de gobierno resultan deficitarios, según el informe, tanto en términos de asignación presupuestaria como en la falta de control, por ejemplo, en las actividades extractivas.
«La dimensión ambiental no ha sido incorporada a la estrategia productiva del país. La agricultura, la pesca y la minería han sido llevadas adelante por el sector privado sin adecuados controles del Estado», sostiene el informe.

La contaminación, en la mira

Los temas que más critica el informe son los controles de la producción minera y las remediaciones de las zonas contaminadas; el avance descontrolado de la frontera agropecuaria y la falta de políticas interjurisdiccionales, en especial en las cuencas hídricas.

«Doce años de control en las áreas estratégicas en materia ambiental nos muestran contaminación; impacto social económico y en la salud nocivo para los millones de habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, con una de las amenazas tóxicas más grandes del planeta; la gravedad en el uso inadecuado y falta de control sobre los agroquímicos; el abandono de los pasivos ambientales de la minería; el avance de la frontera agrícola sobre los bosques nativos sin consulta previa de los pueblos originarios, y la sobreexplotación pesquera», detalló Despouy a LA NACION.

A continuación, las observaciones de la AGN por tema:

Bosques: «La intensificación de la explotación de los suelos -promovida desde las provincias y desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación- no está armonizada con los límites a la expansión de la frontera agropecuaria que debe resguardar la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de la ley de bosques nativos. El ordenamiento territorial -principal herramienta de esa ley- ha sido lento y deficiente», indica el trabajo. «Se han talado grandes extensiones de bosques nativos, sobre todo en provincias del Norte, que se reconvirtieron al cultivo de la soja, sin que se haya logrado disminuir la tasa de deforestación en la Argentina», indica, y recuerda la falta de financiamiento del fondo destinado a la protección del bosque nativo.

Minería: «La minería reviste gran potencial en el país debido a la cantidad de reservas de minerales. Sin embargo, la AGN ha comprobado que las fallas en el control estatal de esta actividad han tenido graves consecuencias. En Abra Pampa (Jujuy), los habitantes son víctimas de los efectos tóxicos de la escoria y humos blancos abandonados por la ex fundidora Metal Huasi en los años 80. A mediados de 2012, aún no había un diagnóstico sanitario y estaba pendiente la remoción de instalaciones, máquinas y chatarra», sostiene el informe. La AGN también relaciona la actividad con la falta de cumplimiento de la ley de protección de glaciares como reserva natural de agua dulce.

Cuencas hídricas: «El Plan Nacional de Recursos Hídricos no contempla aspectos ambientales clave para garantizar la sustentabilidad ecológica de las cuencas hídricas en la Argentina. No hay una estrategia integral para conservar la calidad del agua ni programas de control y prevención de la contaminación», apunta. Y cuestiona el trabajo de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo: «El plan elaborado no ha sido eficaz para sanear la cuenca, prevenir daños futuros y mejorar la calidad de vida de los habitantes».

Comparaciones de gastos
«Todo el gasto de la Secretaría de Medio Ambiente en 2014 fue equivalente al programa prensa y difusión de los actos de gobierno, por ejemplo», detalló el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, en relación con el informe presentado ayer por el organismo.

El documento se ocupa de los humedales y la ausencia de una ley y de un inventario a nivel nacional. Otra de sus observaciones es, además de la ausencia de consultas a los pueblos originarios a la hora de definir la explotación de los recursos naturales, la caída paulatina del aporte del presupuesto nacional para los programas de ecología y medio ambiente.

La Nación