Cambiemos hacia una Argentina sustentable
Los humanos pertenecemos a una gran red de vida que nos brinda servicios imprescindibles. Más allá de la sensibilidad que uno pueda desarrollar hacia los animales, vegetales y demás seres vivos, deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para preservarlos con sus respectivos equilibrios.
Llevamos dos siglos de fascinación con la tecnología y la confortabilidad sin querer ver los estragos que estamos provocando. ¿Hasta cuándo seguiremos jugando este absurdo partido hombre versus naturaleza? ¿Acaso habrá que esperar a contaminar la última porción de aire, de agua y de tierra para darnos cuenta de que el dinero no se respira ni se bebe ni se come? ¿Cómo pudo pasar tan desapercibida la advertencia del secretario general de la ONU: «Estamos con el pie atascado en el acelerador dirigiéndonos hacia el abismo», en referencia a las consecuencias del calentamiento global?
El año pasado, el Papa nos sorprendió con su encíclica Laudato si’.Sobre el cuidado de la casa común. Los ambientalistas se sintieron respaldados por el hecho de que alguien con su autoridad moral y llegada a la gente dijera básicamente lo mismo que ellos. Por ejemplo, que estamos atravesados por «una sola y compleja crisis socioambiental» y que tanto «la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre». O que la humanidad «está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo», por lo que hacía una «invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta».
No trascendió si en la audiencia del presidente con Francisco se habló acerca de su revolucionario mensaje. Pero las crónicas informan que uno de sus tres regalos fue un ejemplar de esa encíclica. Dicho sea de paso, algunos especialistas la consideran un excelente manual de ecología política.
La Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe sobre la gestión ambiental de los últimos 12 años, en el que se concluye: «Hay escasa voluntad política de aplicar leyes ambientales en la Argentina, situación que se traduce en falta de reglamentación, bajo presupuesto e inexistencia de planes y programas orientados a su cumplimiento». En los últimos días apareció una noticia por demás contundente: «Atribuyen al ambiente una de cada cuatro muertes». Se trata de un informe de la OMS en el que también se asocia un centenar de enfermedades con la insalubridad del entorno.
Quienes están involucrados en los conflictos socioambientales esperan que el gobierno nacional comience a aplicar estrictamente la ley general del ambiente (que incluye el principio precautorio y el estudio de impacto ambiental), la de residuos peligrosos, las de protección de glaciares y bosques, y el artículo 41 de la Constitución, que explicita el derecho a un ambiente sano.
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) le hizo llegar al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable una síntesis de los principales temas a resolver. Allí se expresa que es fundamental que «se produzca una reorientación total de las políticas públicas hacia la sustentabilidad con un amplio debate público sobre las políticas extractivistas y contaminantes existentes y una priorización del bien común por sobre los intereses corporativos».
Convengamos que, directa o indirectamente, todo está relacionado con la política, y que la mejor democracia es la participativa/proactiva, por lo que es indispensable recuperar el funcionamiento de las instituciones de la república y la pluralidad de los medios de comunicación, especialmente los públicos (dos promesas de Cambiemos).
Vale la pena recordar otro tramo del texto de Jorge Bergoglio: «Muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás». Es decir, como «el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población». En Esquel -plebiscito mediante- y en Famatina ya echaron a varias empresas mineras. Y el municipio de Malvinas Argentinas enfrentó con éxito al gobierno -municipal, provincial y nacional- y a una multinacional para evitar la instalación de una planta procesadora de semillas transgénicas.
Pedro Moreno
La Nación