Amparo para frenar la ampliación del basurero en San Martín
La Defensoría del Pueblo y del Ambiente pidió a la Justicia que impida la apertura de una nueva celda como depósito de basura en el predio que actualmente ocupa el relleno sanitario en chacra Nº 32, y solicitó que en un plazo de 180 días la municipalidad informe públicamente la “nueva ubicación y condiciones de funcionamiento de un nuevo Centro de Disposición Final”, alejado de todo asentamiento urbano.
Contrario a la propuesta original de esa oficina de realizar una “celda de corta duración” que diera tiempo para resolver la compleja problemática, el pasado viernes interpuso una medida cautelar para evitar “cualquier actividad que implique el agravamiento o continuidad de la actual situación, tal cual lo constituiría el avance administrativo a los efectos de viabilizar la construcción de una nueva celda contigua a la actual”. El amparo y medida cautelar recayeron en el juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2, a cargo de Andrés Luchino. Al ser consultado ayer sobre el motivo del cambio, el defensor del Pueblo Fernando Bravo explicó que “actuamos frente a la indefinición del Municipio, que no puso plazos a la eventual celda corta que había informado iría a implementar”. “El análisis de los sucesivos contratos para la apertura de cada celda muestra que cada una de ellas ha tenido una vida útil de entre 4 y 5 años”, manifestó Bravo.
Las leyes prevén que hasta 2019 podría continuar operando el actual relleno sanitario. “Nosotros estamos adelantándonos a esa situación”, intervino el abogado patrocinante Gastón Eulogio. “La puesta en funcionamiento de la celda 6 implicaría una vulneración de ese plazo porque se extendería más allá”, razonó. La intendente Brunilda Rebolledo había confirmado que se abriría una “celda de corta duración” mientras continuaban las tratativas para mudar el basurero, atento a que el lugar donde hoy se depositan los residuos está con más del 70% de su capacidad colmada.
“Buscamos evitar el riesgo inminente de que se concrete la celda 6 en condiciones no aptas para el medio ambiente”, dijo Fernando Bravo, defensor del pueblo y Ambiente.
Río Negro
