Recordando: “A tres años de la muerte de 7 personas por un escape de gas tóxico no hay culpables” (artículo del 28/09/1996)

Murieron cuatro miembros de una familia y un equipo de emergencias médicas · El gas cianhídrico salió de las cloacas · Dos empresarios fueron sobreseídos · Para otros dos, la causa prescribió

Ayer se conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, por una ley sancionada en homenaje de las siete personas que, el 27 de setiembre de 1993, murieron en Avellaneda a causa de un escape de gas cianhídrico. Sin embargo, la Justicia no encontró culpables: ya no queda ningún procesado, y la responsabilidad de los organismos públicos recién está por verse. A las 13 de aquel día, Manuel Nuin (79) se descompuso en su casa de 25 de Mayo 319. María Angela (80), su esposa, avisó por teléfono a su hijo Horacio (43), quien a su vez llamó a Rosa Scala (43), su mujer. Horacio Nuin salió corriendo hacia la empresa de atención médica Emercor.

Cuando Horacio volvió en la ambulancia, sus padres y su esposa estaban muertos. Tras ellos cayeron la médica Bibiana Otero de Turcutto (41), el chofer-camillero Roberto Voytezko (32), el enfermero Orlando Cáceres (30) y el propio Horacio.

Contaminación seguida de muerte

La tragedia se debió a una combinación de sustancias tóxicas. Alguien echó ácido sulfúrico a las cloacas. A pocas cuadras y al mismo tiempo, otra persona tiró sales de cianuro. En el agua estancada se formó ácido cianhídrico, cuyo gas escapó por una rejilla de la casa de los Nuin.

El transportista Juan Ernesto García y Juan Manuel Sánchez, dueño del depósito donde se arrojaron ácidos, fueron procesados por el juez Guillermo Roberts, de Lomas de Zamora, por contaminación seguida de muerte. Los empresarios Ernesto Pizzio y Luciano Mondolo, por contaminación, por verter cianuro a las cañerías. Era la primera vez que se aplicaba la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Vecinos de los Nuin y del galpón de García ya habían hecho denuncias ante Aguas Argentinas y en la Municipalidad de Avellaneda, pero no fueron tomadas en cuenta. Además, ni García ni Sánchez tenían habilitación para trabajar con sustancias peligrosas.

Otro depósito de García ya había sido clausurado por esa causa. El Municipio le permitió seguir trabajando para reacondicionarlo, pero después no fue a comprobar que estuviera en regla.

Sin culpables

Los abogados que representan a familiares de las víctimas rescatan la labor del juez Roberts, en un tema complejo y teniendo escasos recursos materiales y técnicos. “El primer día, una petrolera tuvo que prestarle un técnico y los elementos, porque no había bomba para llegar a las cloacas, y no se sabía si el juez no se iba a morir en el intento”, recuerda el doctor Horacio Galarza de la Cuesta, patrocinante de Romina Amoedo.

El 26 de abril de 1995, Roberts cerró la investigación. El fiscal debía hacer la acusación para el juicio oral y público. Pero los imputados apelaron, y el 16 de mayo pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora tuvo una interpretación diferente de la del juez.

En el caso de Pizzio y de Mondolo, los camaristas declararon prescripta la causa: ya había transcurrido el tiempo máximo previsto por la ley, sin que hubiera una acusación fiscal. Sánchez y García fueron sobreseídos provisoriamente. “En esencia, el fallo considera que no había contrapruebas en las tomas de pruebas de líquidos, o que eran de dudosa calidad técnica”, señala Galarza de la Cuesta.

El doctor Horacio Asprea, químico y biólogo que actuó como perito oficial, comenta que “los acusados siempre tratan de resolver la cuestión objetando las pruebas. En esta causa eran suficientes y fueron analizadas por instituciones de gran valía técnica. Se hicieron 108 procedimientos para determinar qué tipo de residuos eliminaban las empresas, y para estudiar las correntías de las cloacas” .

“El fallo de la Cámara significa que no va a haber responsables penales”, se lamenta Gustavo Barbieri, representante legal de Nelson Turcutto, esposo de la médica que murió en Avellaneda.

Valeria Nuin y su hermanastra Romina Amoedo todavía no pudieron comenzar la sucesión. Hace un año iniciaron una demanda civil ante el juez Francisco de Asís Soto, a cargo del Juzgado Federal Civil y Comercial N 6.

Más vueltas

Fueron demandados Sánchez y García. Pero también Aguas Argentinas por presunta falta de limpieza de cloacas, y la Municipalidad de Avellaneda porque no habría controlado las actividades industriales ni atendido a las denuncias de los vecinos . La Dirección de Medio Ambiente bonaerense y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación también fueron acusadas, porque no habrían ejercido el correspondiente poder de policía.

El juez Soto se declaró incompetente y giró la causa a la Corte Suprema de la Nación, que hizo otro tanto. El expediente dio vueltas por un año y acaba de volver al juzgado original. Quizás ahora se pueda volver a investigar.

Fuente: http://edant.clarin.com