Adaptarse al cambio climático y ahorrar recursos

Con el comienzo de la Conferencia del Cambio Climático d e las Naciones Unidas en Marrakech y la reciente entrada en vigor del Protocolo de París, el mundo comienza a afrontar los costos del cambio climático. El peligro de la extinción de dos tercios de las especies animales en las próximas décadas, la inundación de ciudades debido al aumento del nivel de los océanos, la sobreexplotación de los ecosistemas que lleva a su agotamiento, el aumento de la presencia de partículas de dióxido de carbono en el aire (recientemente hemos alcanzado el récord histórico de 400 partículas de dióxido de carbono por millón), son algunos de los efectos que los expertos pronostican ante una inacción por parte de la humanidad frente a esta amenaza latente. Las pérdidas afectarán los ecosistemas, las condiciones de vida de las personas y las economías en general. Pero el cambio climático ya hace sentir sus efectos sobre los gastos en los que incurren las naciones.

¿Cuánto representa el costo del cambio climático hoy? En nuestro país, un análisis ambiental realizado por el Banco Mundial afirma que el costo por la degradación ambiental anual de nuestro país llegaría (según estadísticas conservadoras) al 8,11% del PBI, lo que representa 47.300 millones de dólares por año. La degradación del suelo, la contaminación del aire, la deforestación y las inundaciones son los principales factores de costo dentro de la ecuación.

Teniendo en cuenta que la Argentina debe cumplir con los objetivos planteados en el Protocolo de París, aprobado en diciembre de 2015, parecería lógico que los fondos destinados para generar políticas de mitigación y reparación ambientales representen una suma considerable dentro del gasto público. Resulta sorprendente que sólo un mísero 0,2% del presupuesto nacional para 2017 sea destinado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dentro de esta partida presupuestaria, solamente un tercio corresponde al funcionamiento de toda la estructura ministerial, ya que los otros dos tercios se destinan en partes similares a la Administración de Parques Nacionales (trasladada de la cartera de Turismo a la de Ambiente), y a los trabajos de saneamiento y relocalización de las personas afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.

La Argentina debe contar con políticas sustentables acordes a las necesidades de un país moderno, del siglo XXI. El informe del Banco Mundial realiza una conexión estrecha entre los efectos que tienen los cambios generados en los ecosistemas y en la naturaleza en general, y las sumas que el país destina para su mitigación. Mientras menores sean las partidas presupuestarias destinadas a sostener políticas de conservación, mayores serán los costos que tendremos que afrontar para la mitigación de los efectos del cambio climático en el futuro cercano.

En nuestro país, la creciente expansión de la frontera agrícola, sobre todo en las provincias del Norte, ha llevado a que en los últimos 15 años se perdiera el 12% del área de bosques, con los inmensos efectos sociales y ambientales que esto produce (el informe vincula estrechamente la deforestación con el crecimiento de la pobreza y el aumento de las inundaciones). Sin embargo, el presupuesto consignado para el fondo de conservación que estipula la ley de protección ambiental de bosques nativos siempre ha sido mínimo. Incluso, durante años, la autoridad ambiental del gobierno kirchnerista aceptó silenciosamente que los fondos de la ley de bosques se destinaran al programa Fútbol para Todos.

Existe una alta expectativa, después de que el tema ambiental estuviera totalmente desatendido por parte del gobierno anterior. Se espera de las actuales autoridades que trabajen para garantizar una respuesta adecuada a temas críticos, como la problemática del agua, la protección de la biodiversidad, el ordenamiento ambiental, la conservación y el uso de todos nuestros valiosos recursos naturales que tanto contribuyen a la calidad de vida de todos los argentinos. De nada serviría contar con grandes leyes o suscribir acuerdos internacionales si no tenemos una autoridad que pueda lograr su cumplimiento. Los recursos con los que ésta cuenta permiten definir si será posible poner en su verdadera dimensión los principios consagrados en los convenios internacionales y los preceptos de nuestra Constitución respecto del derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo y las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.

La ley de humedales, que espera ser tratada en el Congreso y cuyo fin es proteger estos ecosistemas vulnerables, receptores de grandes cantidades de agua, se encuentra a punto de perder estado parlamentario. Estos dos son sólo algunos de los indicadores que establecen medidas que pueden ser tomadas para mitigar los daños económicos y sociales que produce el cambio climático y, en este caso en particular, las inundaciones. Si no realizamos los cambios necesarios por parte de todos los actores de la sociedad, esta cifra seguirá aumentando y la vida continuará degradándose, junto con el ambiente en que se desarrolla.

La Argentina cuenta con una inmejorable capacidad de generar alimentos, con vasto territorio y la posibilidad de desarrollar energías limpias. Posee agua, un clima benigno en la mayor parte de su geografía y una belleza inusual de paisajes. Podemos contar con ciudades sustentables. Sería deseable que pudiéramos hacer los cambios necesarios a tiempo, no sólo para cumplir con el Acuerdo de París, mitigando emisiones, sino para evitar los costos mayores que nos traería la inacción.

La Nación