Lapidaria inspección a tres edificios judiciales

La SRT dice que no cumplen con normas eléctricas y sanitarias y no tienen un plan de emergencia.

De no creer. El edificio del fuero Laboral tiene una instalación de gas precaria que pone en peligro a todos y un patio de luz que se convirtió en un basurero por falta de limpieza y donde, dicen los empleados, las ratas se hacen un “festín”.

Las exigencias de ley, las quejas del personal y el informe que hace cuatro meses alertó sobre el riesgo de que se incendie el palacio central no fueron suficientes para que los miembros de la Corte de Justicia encaren acciones inmediatas con el objetivo de mejorar los edificios del Poder Judicial y resguardar la vida de sus trabajadores. Una inspección que realizó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) arrojó un resultado lapidario para la sede de Tribunales, el fuero Laboral y la Cámara Civil, ya que están en falta con decenas de normas de higiene y seguridad. Entre las conclusiones más duras, el informe detectó instalaciones eléctricas y escaleras inseguras, vías de escape obstruidas, que no se garantiza la provisión de agua libre de bacterias, ausencia de botiquines de primeros auxilios, falta de un plan de emergencias y hasta baños sucios. Por las infracciones de la patronal, más de 400 empleados judiciales están expuestos a no tener cobertura en caso de sufrir un accidente laboral.

La inspección se realizó en marzo por un pedido que presentó el gremio de la Unión Judicial después de sucesivos reclamos al máximo tribunal (ver recuadro), pero recién salió a la luz ahora. La SRT escarbó en las condiciones edilicias, los espacios de trabajo, la protección contra incendios, la red eléctrica, la capacitación al personal sobre peligros laborales, la evacuación y el mapa de riesgos, entre otros ítems donde el Poder Judicial fue reprobado. La nota le cae de lleno a la Corte de Justicia, debido a que es la que ejerce la administración y la responsable directa de los inmuebles, su funcionamiento y las medidas de seguridad para los empleados y los cientos de personas que asisten a diario por alguna causa en trámite.

Entre las infracciones más graves están las que hacen a la instalación eléctrica, cuyo estado es clave para determinar el riesgo de electrocución e incendio. Las actas dan cuenta de que en el palacio de Tribunales (Rivadavia y Aberastain), el inmueble del fuero Laboral (Laprida antes de llegar a Mendoza) y el de la Cámara Civil (Rivadavia antes de Mendoza) hay cables expuestos, conectores y cableado en mal estado, tableros sin protección para evitar contactos directos y falta de puesta a tierra. Además, ninguno tiene documentos para prevenir desastres, como croquis de evacuación, estudio de la carga de fuego, cuantificación de los extintores que hacen falta y métodos de detección de incendios.

Todo esto, a pesar de que un relevamiento interno que se hizo el año pasado en Tribunales concluyó que la vieja instalación eléctrica del lugar está en peligro de sufrir un cortocircuito o sobrecalentarse y provocar un incendio. Una advertencia que hasta al más anestesiado llevaría a tomar cartas en el asunto sin perder tiempo, atento a las pilas de expedientes que ayudarían a que las llamas tomen y consuman todo el gigante de calle Rivadavia.

Aunque sea cuestión elemental para un lugar de trabajo, la conducción judicial no logró acreditar que el agua “potable” de los edificios no afecta la salud. El líquido proviene de antiguos tanques que están llenos de palomas y desechos y las actas consignan que en ninguno de los tres casos se presentó el estudio físico químico y bacteriológico que debería hacerse periódicamente.

Tribunales es el principal edificio judicial y allí se sabe desde hace años que el agua no es confiable. Sin embargo, la Corte no ha dispuesto, por ejemplo, poner dispensers con bidones. Cansados de la situación, algunos empleados y jueces hicieron instalar uno en sus dependencias y lo pagan haciendo “una vaquita” todos los meses.

En los inmuebles tampoco se cumple con la obligación de tener vías de escape liberadas. En Tribunales, los pasillos de los juzgados pueden ser una trampa mortal porque a los costados hay armarios y altos enormes de papeles que impiden una evacuación rápida y en el fuero Laboral, increíblemente, la única puerta de acceso y salida es sumamente angosta y al costado tiene un gabinete de gas.

Las actas de la SRT llevan los números 67.977 (Tribunales), 68.042 (juzgados Laborales) y 69.096 (Cámara Civil) y las tres coinciden en señalar que hay escaleras que no cumplen todas las medidas de seguridad (en el fuero Laboral y la Cámara Civil no tienen banda antideslizante para asegurar un buen agarre ante la urgencia de desalojar por un siniestro y las de mano de Tribunales no cuentan con regatones en zonas de archivo para evitar caídas), que no hay registros de control de plagas, desinfección y desratización y un botiquín sanitario y que los sanitarios necesitan más higiene.

Donde funcionan los juzgados Laborales, aunque no es consignada en el acta, la instalación de gas merece un párrafo aparte. Los caños se colocaron en forma aérea por encima de bocas del tendido eléctrico y en lugar de cruzar de pared por el techo, pasan a media altura por el medio de los pasillos.

Las violaciones a la ley son muchas más. Pero hay una fundamental que desnuda la falta de interés y compromiso de los cortistas. Las empresas y reparticiones públicas deben tener debidamente constituido un Servicio de Higiene y Seguridad y un especialista en esa materia al frente, algo que no sucede en el Poder Judicial. Es vital contar con esa estructura, porque es la idónea para saldar las anomalías y documentarlas como exige el organismo nacional.

Con la inspección, la SRT busca hacer cumplir las normas de seguridad que impone la ley para que las ART asuman el costo de atención de los empleados que tengan un siniestro laboral. Pero, como todo seguro, si no cumple, la Justicia sanjuanina se arriesga a que los 443 agentes que trabajan en Tribunales, los juzgados Laborales y la Cámara Civil no tengan cobertura y el Estado mismo queda en peligro de tener que salir a responder.

Si bien la SRT no le pone plazos para ponerse a tono, desde la Corte de Justicia aseguraron que ya están trabajando para corregir la situación y que en los próximos días darán cuentan de un plan de trabajo. Por otra parte, a pesar de que la autoridad nacional le advierte que no dispone de un responsable del Servicio de Higiene y Seguridad que esté inscripto como corresponde, dijeron que tienen un licenciado y que es quién encabezará las tareas.

Por Leonardo Domínguez – Diario De Cuyo

Fuente: www.diariodecuyo.com.ar