El cambio climático se judicializa

Acaba de producirse una pequeña revolución en el ámbito de la justicia climática en Pakistán, uno de los países más afectados por el calentamiento del planeta. El Alto Tribunal de Justicia de Lahore ordenó a mediados de septiembre la creación de un «consejo climático», con el fin de obligar al Estado paquistaní a cumplir sus compromisos en esta materia.

Es la segunda que vez que un tribunal obliga a un Estado a actuar en este ámbito. El pasado mes de junio, un tribunal de La Haya ordenó al Estado neerlandés a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en el país a menos del 25% de aquí a 2020 con respecto a las emisiones de 1990, tras la acción judicial de la ONG Urgenda de defensa medioambiental.

En el caso de Pakistán, un agricultor recurrió al tribunal porque la pasividad del ministro paquistaní ante el cambio climático violaba «sus derechos fundamentales». En los tres últimos años, Pakistán ha sufrido inundaciones mortales, provocadas en parte por el deshielo de los glaciares del Himalaya. El aumento de las temperaturas incrementa los riesgos de sequías, al igual que la intensidad de las precipitaciones durante una estación del monzón que será más corta, lo que pone en peligro la producción agrícola en un país en el que la mitad de la población depende de este sector para subsistir.

El juez determinó que el Gobierno no había emprendido ninguna acción sobre el terreno para poner en práctica la política nacional sobre el clima formulada en 2012. El juez añade que «en el caso de Pakistán, el cambio climático ha dejado de ser una amenaza lejana y ya se sufren sus efectos en el país y en la región». El «consejo climático» reunirá a representantes de varios ministerios y de la sociedad civil, entre ellos varias ONG y estará presidido por un abogado especialista en derecho medioambiental. Deberá informar a la justicia periódicamente, así como supervisar varias iniciativas como la optimización de la irrigación o la eliminación progresiva de bombas de agua motorizadas.

Si la decisión del Alto Tribunal de Lahore sienta un precedente, a partir de ahora los ciudadanos podrán responsabilizar al Estado por su falta de acción en materia de adaptación y de lucha contra el cambio climático. Queda por ver si esta justicia climática desembocará en la aplicación de acciones sobre el terreno. Porque, tal y como indicaba el plan paquistaní sobre el cambio climático, redactado en 2012, el país sufre una «escasez de medios técnicos y financieros» para adaptarse al calentamiento climático.

Esta judicialización de la protección climática podría extenderse a otros países como Bélgica, donde también se ha apelado a la justicia sobre esta cuestión. «Ante la decepción generada por la falta de eficacia de los compromisos públicos y privados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se multiplican los casos en los que se recurre a la justicia», constata Laurent Neyret, especialista en derecho medioambiental y profesor en la Universidad de Versalles, que además añade que en Francia, «solo una ONG reconocida como de interés público podría recurrir a los tribunales, no un simple ciudadano, como en Pakistán». 

Cortesía de Le Mond
lemonde.fr (http://www.lemonde.fr/planete).
Traducido por Sara Fernández – VoxEurop (http://www.voxeurop.eu/es)

Clarín