Riachuelo: empresas no pagarán el juicio
Los vecinos que iniciaron la causa por la contaminación del Riachuelo están preocupados. Por una resolución, la Corte liberó a las empresas de pagar las costas de una de las instancias del juicio que se tramita por el saneamiento del río en el que deben responder los Estados nacional, bonaerense y porteño y varias empresas demandadas.
La resolución de la Corte incorpora a las empresas en la demanda por contaminación; sin embargo, las exime de pagar las costas en esta instancia. La decisión se tomó seis años después de que las compañías indicaran que no estaba claro cuál era su responsabilidad.
«Esto significa que los vecinos, a quienes aún no se ha dado una resolución y tuvieron la valentía de presentarse en una demanda contra el Estado y las empresas, son los que tienen que pagar de su bolsillo las costas de los abogados. Nadie va a cobrarles a los vecinos, pero el mensaje desalienta claramente las iniciativas de este tipo», explicó Daniel Sallaberry, uno de los abogados que representan a los vecinos contaminados.
Entre las empresas demandadas hay curtiembres, frigoríficos, químicas y embotelladoras: Antivari, AySA, Aguas Argentinas, Central Dock Sud, Quilmes, Coto, Curtiduría Gaita, Curtiembre Ángel Giordano, Daimler Chrysler Argentina, Danone Argentina, Dapsa, Dow Química Argentina, Fábrica Justo, Frigorífico Regional Las Heras, Meranol, Molinos Río de la Plata, Tagsa, Orvol, Pamsa, Petrobras, YPF, Petrolera del Cono Sur, Petro Río Compañía Petrolera, Química True, Rasic Hermanos, Sadesa, Sea Tank Costal Petroleum Argentina, Shell, Solvay Indupa, Sulfargen y Trieco.
Anteayer, los abogados de los vecinos presentaron un recurso de revocatoria en extremis para que la Corte revise esta parte de la sentencia, que consideran «contradictoria» e «injusta». «Es injusta, pues hace cargar con las costas del proceso judicial -aun cuando hayan sido impuestas por su orden- a la parte débil -parte actora- cuando ha resultado vencedora en la incidencia, y son las víctimas del accionar de los demandados perdidosos», sostiene la presentación.
Las ONG y la Defensoría del Pueblo, que forman parte del Cuerpo Colegiado designado por la Corte para velar por el cumplimiento de la sentencia, apoyan el pedido de revocatoria. «La resolución es buena en términos generales, pero tiene dos graves problemas: el tiempo que tardó en resolverse y que resulta contradictoria. Es un mensaje que desalienta llevar adelante acciones judiciales ambientales y beneficia a los que son los responsables del daño ambiental», indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Por Laura Rocha
Fuente: La Nación
