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Riachuelo: los vecinos deberán pagar parte del juicio por saneamiento contra las empresas

Los vecinos del Riachuelo, actores y demandantes de la causa que se tramita en la Corte Suprema de Justicia, deberán pagar las costas de una instancia del juicio por la contaminación del curso de agua. Así lo resolvió el máximo tribunal al rechazar el pedido de revocatoria de una resolución dictada en marzo pasado por los jueces en las que exime a las empresas demandadas de pagar las costas de esa instancia.

La resolución de la Corte incorporó a las empresas en la demanda por contaminación, que alegaban que no quedaba claro cuál era su responsabilidad. Ese fallo se dictó siete años después de que los representantes legales de los vecinos presentaran la disidencia.

“No encontramos explicación alguna para que la Corte haya demorado más de siete años en resolver una mera incidencia procesal y que pese a haber resultado favorable a los actores se les haga cargar con las costas y gastos del juicio. Tampoco se explica por qué en el fallo omitió controlar a las empresas contaminantes. Habiéndose ya gastado más de 15.000 millones de pesos de los $ 24.000 millones presupuestados para el saneamiento y que salieron del tesoro nacional, es decir, del bolsillo de todos los ciudadanos, las empresas contaminantes no hayan tenido que pagar un solo peso en concepto de resarcimiento por causar el daño y se les permita seguir contaminando”, indicó Daniel Sallaberry, representante de los vecinos.

Los abogados no van a cobrarles a los vecinos, pero no descartan elevar un recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no se sabe cuál es el monto que deberán pagar las empresas si son condenadas, los cálculos del plan de saneamiento original presentado por la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray lo estimaban en 500 millones de dólares.

Entre las empresas demandadas hay curtiembres, frigoríficos, químicas y embotelladoras: Antivari, AySA, Aguas Argentinas, Central Dock Sud, Quilmes, Coto, Curtiduría Gaita, Curtiembre Ángel Giordano, Daimler Chrysler Argentina, Danone Argentina, Dapsa, Dow Química Argentina, Fábrica Justo, Frigorífico Regional Las Heras, Meranol, Molinos Río de la Plata, Tagsa, Orvol, Pamsa, Petrobras, YPF, Petrolera del Cono Sur, Petro Río Compañía Petrolera, Química True, Rasic Hermanos, Sadesa, Sea Tank Costal Petroleum Argentina, Shell, Solvay Indupa, Sulfargen y Trieco.

“Como sucedió con los casos Chevron (embargo por contaminación grave de la selva amazónica ecuatoriana) o Giménez Alicia Fanny (acción colectiva por daños al ambiente por monocultivo de transgénicos y la salud por aplicación de agrotóxicos en la Argentina), la Corte cede independencia y se arrodilla ante las presiones del poder económico empresario, postergando el tratamiento de los casos o evitándolos”, sostuvo Sallaverry.

Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos de La Boca cree que esta medida desalienta las presentaciones de la sociedad civil ante la Justicia. “Que los vecinos tengamos que dedicarnos ad honorem de responsabilidades del Estado, que vayamos a la Justicia y después nos pongan costas es increíble. Hacemos denuncias en los medios, en las defensorías, pero no alcanza porque los lobbys empresariales son muy fuertes. Esto limita mucho a la sociedad civil que puja por sus derechos.”

Al margen de esta decisión en el juicio por el saneamiento del río que deben realizar los estados Nacional, bonaerense y porteño; el juicio por daños que los vecinos llevan adelante tampoco avanza.

ALFREDO ALBERTI – Asociación Vecinos de La Boca

  • “Que los vecinos tengamos que dedicarnos ad honorem de responsabilidades del Estado, que vayamos a la Justicia y después nos pongan costas es increíble.”
  • “Esto limita mucho a la sociedad civil. Hacemos denuncias, pero no alcanza porque los lobbies empresarios son muy fuertes.”

Por Laura Rocha

La Nación

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