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Impulsa el Gobierno cambios a la ley de riesgos del trabajo

El Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto para modificar la ley de riesgos del trabajo, a partir del cual busca disminuir la gran cantidad de juicios en el sistema. Un punto clave es establecer el carácter “obligatorio y excluyente” del paso del trabajador afectado por las Comisiones Médicas del sistema de riesgos del trabajo. Según cifras oficiales el 70% de los siniestros se inician ya judicializados, por evitarse esa intervención.

Con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el proyecto ingresó por el Senado, donde deberá tratarse en la comisión de Trabajo. En los fundamentos se argumenta la necesidad de “corregir situaciones que han provocado situaciones inequitativas” en el sistema. “Se ha generalizado el concepto de que la reparación de los infortunios laborales se enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador, su empleador y su aseguradora de riesgos de trabajo provocándose así una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la ley”, agrega.

El proyecto fue en los últimos meses motivo de consultas con la Unión de ART (la cámara que agrupa a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), con el sector empresario y se asegura que hubo también un papel activo de los gremios.

En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se habla de un stock de 300 mil juicios producto de “las falencias” en el sistema, cuyo costo estimado -si debieran pagarse todos- serían 5 mil millones de dólares. Desde las ART y la Superintendencia, se sostiene que la cantidad de juicios se debe también a la permisividad de la Justicia del trabajo. Se supone que habrá un renovado debate con los abogados laboralistas, que rechazan esta postura y se oponen a la obligatoriedad de las comisiones médicas.

En la reforma propuesta, el trabajador deberán pasar obligatoriamente por la Comisión Médica de su jurisdicción, para que “solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”. Agotada esa instancia podrá solicitar la revisión ante la Comisión Médica Central y recurrir a la Justicia laboral.

El sistema de ART alcanza a casi 10 millones de trabajadores, incluyendo el personal de casas particulares. El costo promedio que pagan los empleadores a las ART es del 3,4% del salario aunque hay actividades de alto riesgo en que puede ascender a 20%. La recaudación anual del sistema es de unos $30 mil millones. El proyecto actual tiene consenso empresario porque implicaría bajar las alícuotas.

Con la reforma, los peritos médicos que deciden sobre el grado de incapacidad de un trabajador deberán integrar el Cuerpo Médico Forense, y sus honorarios pasarán a estar regulados. Se asegura que se busca terminar con una “perversión” ya que los honorarios dependen hoy del porcentaje de incapacidad que ellos determinan.

El proyecto crea un Autoseguro Público para que las provincias y municipios autoaseguren los riesgos del trabajo. Es que el sistema es por adhesión, y hoy 9 provincias y un millar de municipios y comunas están fuera, lo que se traduce en 750 mil trabajadores sin ART. “Deben controlar la higiene del trabajo, pero no la tienen para sus propios trabajadores. Por eso la opción es el autoseguro”, indicaron en despachos oficiales.

La iniciativa contiene un guiño a los gremios, al convocar a un Comité Consultivo tripartito que deberá encarar la actualización de la ley de protección y prevención laboral, un tema que las centrales obreras vienen reclamando.

Clarín

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