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Detectaron nueve emisiones gaseosas tóxicas en UPM-Botnia en 10 meses

Entre julio de 2013 y abril de 2014, se produjeron un total de nueve incidentes con emisiones tóxicas, y también hubo dos paradas abruptas de la planta que «no fueron informadas», según varios documentos reservados.

Con anterioridad a esos nueve incidentes, en varios documentos oficiales, fechados entre marzo de 2008 y mayo de 2011, se reflejan otros once episodios menores con «emisiones gaseosas portadoras de olores» percibidas por funcionarios de la CARU en la zona del Puente internacional General San Martín. Estos y otros episodios están debidamente documentados en Actas e Informes de la Delegación Argentina de la CARU pero que nunca se han hecho públicos.

De acuerdo con los datos recabados, cuatro de esas emisiones tóxicas tuvieron lugar durante los días 8, 11, 12 y 23 de julio de 2013 que además incluyó una parada abrupta de la fábrica de celulosa el día 8 de julio de ese año. Otra de las paradas abruptas de la planta tuvo lugar el 17 de septiembre de 2013, mientras que el 27 de noviembre hubo una emanación gaseosa tóxica.

Durante el año pasado, se produjeron otros tres incidentes: el 28 de febrero, el 17 de marzo y el 15 de abril. De estos episodios el más grave fue el de febrero, que, de acuerdo a la documentación en poder de las autoridades argentinas, «podría configurar un caso de violación al Estatuto del Río Uruguay y de las disposiciones de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010».

El escape de gases tóxicos ocurrido aquel 28 de febrero de 2014 se percibió por varias horas en la ciudad de Gualeguaychú ocasionó problemas de salud a varios vecinos de la ciudad que debieron ser atendidos en el Hospital Centenario y, como consecuencia del hecho, se sustanció una causa judicial en la que la Asamblea Ciudadana Ambiental es querellante. El expediente ha sido girado a la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.

El 8 de julio de 2013 la planta de UMP-Botnia interrumpió abruptamente su proceso de producción y comenzó a despedir gases tóxicos, «incidente de contaminación que no se manejó adecuadamente ni se conoce que se hayan tomado las medidas necesarias para su correcta evaluación o aplicando un plan de gestión ambiental y contingencias», se lee en el Informe 320 de la Subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de Contaminación Ambiental de la CARU.

Respecto de la paralización de la fábrica en forma abrupta, esto originó que a partir del 8 de julio de 2013, «los equipos aireadores y sedimentadores de la planta depuradora se detuvieron por casi cuatro días y no cumplían los estándares y condiciones mínimas de vuelco según reconoció la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA)». Así lo refleja la Nota 211/13 de la CARU.

Se da la circunstancia que en 2004, la DINAMA, al evaluar el Informe Ambiental presentado por Botnia respecto de las emisiones gaseosas y el olor de las mismas, dijo que la planta «puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa». Sin embargo, dicho organismo uruguayo no ha respondido ni actuado ante los nueve incidentes ocurridos entre 2013 y 2014.

El segundo hecho grave se produjo el 17 de septiembre de 2013 cuando se produjo otro escape gaseoso tóxico que afectó a cuatro empleados de la CARU que trabajan en el Puente General San Martín, dos de ellos residentes en Gualeguaychú y que fueron auxiliados por la asistencia médica uruguaya de Fray Bentos, y debieron ser retirados del lugar por presentar «inconvenientes en las vías respiratorias, vómitos, fuertes cefaleas, ardor ocular, opresión faringea», entre otras afecciones.

Ese 17 de septiembre de 2013, de acuerdo a la documentación oficial a la que accedió Radio Máxima, el ácido sulfhídrico liberado por UPM a la atmósfera se elevó en 300 veces lo permitido, incumpliendo no solo la normativa argentina sino también la uruguaya.

Respecto del hecho del 28 de febrero del pasado año, otro de los documentos refleja que la planta de UPM está «bajo monitoreo contínuo de la CARU ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010, pese a lo cual dicho monitoreo ha sido «obstaculizado contínuamente por la Delegación Uruguaya en la CARU y tampoco ha prestado acuerdo para dar respuesta a los pedidos de informes de la Delegación Argentina ante la CARU, ni a los Presidentes Municipales de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano y ni a la Asamblea Ciudadana Ambiental de dicha ciudad argentina».

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